1. Que el problema de fondo en el conflicto mantenido desde hace más de tres meses entre el gobierno y las entidades agropecuarias es el destino de las retenciones vía subsidios, los cuales tienen como principales destinatarios a los sectores más concentrados de la gran burguesía industrial como la familia Roca al frente del Grupo Techint y los grupos exportadores con el Senador oficialista Roberto Urquía y su Aceitera General Deheza a la cabeza, lo cual reafirma la plena vigencia del reparto de la riqueza…, pero entre quienes más tienen.

El presupuesto nacional del año en curso contempla un incremento de los subsidios del 28% respecto de 2007, pasando de $12.834 millones a $16.433 millones, lo cuales tienen como principales destinatarios a los siguientes conceptos:

• Los Fondos Fiduciarios y otros entes del sector público, quienes obtendrán subsidios para gastos corrientes por $1.859 millones (un 18,5% más que en 2007), que serán destinados a las empresas de colectivos para asumir los aumentos salariales y el mantenimiento de las unidades sin afectar sus ganancias, las empresas tecnológicas y del software y el sistema de transporte del barril sin fondo de la central hidroeléctrica de Yacyretá, entre otros.

• Los gastos destinados a obras de infraestructura por $1.803 millones, para paliar la crisis energética por incumplimiento de los contratos de obras de las empresas privatizadas.

• Los Subsidios a las empresas privadas para compensar gastos corrientes por $ 8.720 millones (un 16,9% más que en 2007), incluyendo transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para "mantener la estabilidad tarifaria", los concesionarios ferroviarios, las petroleras y los fabricantes de alimentos como ARCOR.

Junto a esto las grandes patronales percibirán otros $1.494 millones para inversiones (un 29,4% más que en 2007), incluyendo dinero para las concesionarias de trenes metropolitanos y rebajas tributarias para los inversores en títulos públicos (con lo que el Estado dejará de recaudar $2.112 millones), ahorristas bancarios y tenedores de obligaciones negociables ($885 millones), jueces ($194 millones), jerarcas de la medicina prepaga ($255 millones), empleadores ($2.110 millones), empresas beneficiarias de la promoción industrial ($612 millones), de la promoción minera ($797 millones), de la promoción de Tierra del Fuego ($1.776 millones), fabricantes nacionales de maquinaria ($761 millones), productores de software ($101 millones) y empresarios jóvenes ($7 millones).

2. Que el flamante “programa de redistribución social” (Dto 904/2008), que tendrá como prioridad la construcción de hospitales, viviendas populares y caminos rurales resulta auspicioso aunque extemporáneo y por demás insuficiente (unos $2.400 millones para el corriente año), dada la magnitud de la parte del león que representan los subsidios al gran capital y las necesidades que afectan a nuestro pueblo.

3. Que dada la grave situación por la que atraviesa el conjunto de los asalariados resulta imprescindible el fin de la flexibilización a los trabajadores de la ciudad y el campo, tanto del sector público como privado, el fin del trabajo infantil, el blanqueo del 100% del salario, la plena vigencia del salario mínimo vital y móvil, y la inmediata normalización de las asignaciones a jubilados y pensionados, para lo cual resulta imperiosa la anulación de la Ley de Solidaridad Provisional y el cumplimiento inmediato y efectivo de la movilidad jubilatoria con relación al trabajador en actividad.

4. Que a tales efectos la CGT no ha movido un dedo en todos estos años y ha sido funcional a los techos salariales pactados entre el Estado y las grandes patronales, quienes en todo momento han hecho alarde de la bonanza de sus negocios, de las cuentas públicas y del crecimiento de las reservas en dólares.

5. Que el pretendido golpe de Estado esgrimido como argumento para distraer la atención de la creciente magnitud de la inflación, el endeudamiento externo y la crisis energética, mal podría enfrentarse con burócratas y matones a sueldo como Moyano y D`Elía, quienes lejos de representar a los trabajadores actúan como verdaderos gerentes de las grandes patronales y el Estado ante cada reclamo.

De ahí que entendamos que la consecuencia lógica de apelar a la patota sindical y piquetera, a los esbirros de Guillermo Moreno, a la represión policial o al accionar de la Gendarmería, termine necesariamente con la puesta en escena del Ejército, en un proceder similar al autoritarismo que precedió al golpe durante el gobierno de Isabel.

Por ese motivo compartimos la preocupación por el creciente protagonismo de la derecha golpista en la escena política nacional, pero advertimos que dicho golpismo no empieza ni termina en la Sociedad Rural y la cúpula de la Iglesia. El golpe militar del ´76 encontró a José Alfredo Martínez de Hoz al frente de Acindar y no como su abuelo al frente de la Sociedad Rural y encontró a Acindar íntimamente ligada a los Acevedo con fuerte participación en el Banco Francés y con la cementera Loma Negra de Amelita Fortabat (ampliamente beneficiada con las “obras públicas” del Mundial y las autopistas). Es decir, encontró a lo más selecto del Gran Capital Financiero y la Unión Industrial junto a Videla, la Comisión Trilateral y Nelson Rokefeller. De ahí que se nos revuelvan las tripas no frente a un Alfredo De Angelis, para quien D´Elía reclama hacer uso de las armas según su visión maniquea del Art. 21 de la Constitución Nacional, sino frente a un José Rodríguez del SMATA (expulsado de la Federación Internacional de los Trabajadores Metalúrgicos –Fitim- por su rol de entregador durante la dictadura militar) quien no tuvo problemas en pavonearse como invitado de honor durante el discurso presidencial de Parque Norte.

Resulta obvio, pero es necesario remarcarlo, que si nuestro país se viera amenazado por un Golpe, no serían precisamente dirigentes como Casildo Herrera quines se quedarían a enfrentarlo, sino trabajadores clasistas como los del Smata - Córdoba con dirigentes como René Salamanca a la cabeza.

6. Convocamos a las y los trabajadores del campo y la ciudad a organizarse, movilizarse y luchar junto a los estudiantes, los pequeños y medianos productores y demás sectores populares contra las grandes patronales amparadas por el Estado, para hacer efectivas las conquistas laborales, la distribución de la riqueza entre quienes menos tienen, la soberanía alimentaria, la estatización de la gran propiedad monopólica de la tierra, los medios de producción, la banca y el comercio exterior y el fin de la dependencia con el imperialismo.

Los verdaderos responsables de la crisis tienen nombre; y si algo bueno nos ha permitido este “conflicto del campo” es reconocerlos:

• Empresas Productoras (facturación anual): Los Grobo ($800 millones), Liag Argentina ($181 millones), Adecoagro ($160 millones), Cresud ($97 millones), El Tejar ($75 millones).

• Dueños de las mejores tierras: Cresud (450 mil ha), Adecoagro (200 mil ha), Bemberg (143 mil ha), Los Grobo (117 mil ha), Werthein (100 mil ha).

• Control de las ventas de los productos derivados del campo: AGD ($4.100 millones), Cargill ($3.500 millones), Molinos Río de la Plata ($2.500 millones), Nidera ($2.400 millones), Vicentín (2.000 millones).

• Exportadores: Cargill (16 millones de ton), Bunge (10 millones de ton), Dreyfus (8 millones de ton), AGD (5,7 millones ton), AMD Argentina (5 millones ton).